Hace algunas semanas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular, y de forma unánime, el proyecto de ley de Innovación Financiera, más conocida como Ley Fintech, que busca promover la competencia y la inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología.
De aprobarse el proyecto, pondría al día a la regulación financiera, reconociendo así el surgimiento de nuevos modelos de negocio que están apareciendo en el mercado y que tienen el potencial de ofrecer soluciones a personas y empresas para acceder a créditos, alternativas de ahorro, inversiones y seguros. Lo anterior, a través de la tecnología.
El proyecto pretende establecer un perímetro regulatorio para ciertos tipos de servicios que se basarían en tecnologías Fintech:
- Plataformas de financiamiento colectivo
- Sistemas alternativos de transacción
- Asesoría crediticia y de inversión
- Custodia de instrumentos financieros
- Enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros
Estos servicios estarán sujetos a la fiscalización de la Comisión para el Mercado financiero (CMF).
Además, la Ley Fintech establece definiciones instrumentales, tales como la de criptoactivos, instrumento financiero, plataformas de financiamiento colectivo, entre otras.
Además, crea un sistema de finanzas abiertas, ratificando a los consumidores como dueños de su información financiera y estableciendo la obligación a las instituciones financieras de compartir dicha información –previo consentimiento del cliente- de manera expedita, estandarizada y segura.
Asimismo, el Sistema de Finanzas Abiertas reconoce la figura de los iniciadores de pagos, los cuales facilitarán las transferencias de fondos entre cuentas como una alternativa de pago segura y de bajo costo.
Y a esto se suma la generación de una simetría regulatoria entre las Fintech y el resto de las instituciones financieras tradicionales, además de la reducción de barreras de entrada y el surgimiento de nuevos servicios financieros basados en tecnología.
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